CSI·F INFORMA QUE LA AUDIENCIA NACIONAL PLANTEA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LA RETIRADA DE LA EXTRA DE NAVIDAD A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El sindicato independiente ha presentado ya reclamaciones  tanto a nivel nacional como en las diferentes Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha. Insiste en que la crisis económica no es justificación para retirar, con carácter confiscatorio, retribuciones y derechos consolidados

 

           La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se felicita por la decisión de la Audiencia Nacional de plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la retirada de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.

           CSI·F considera que esta decisión respalda el argumento de los sindicatos cuando plantearon a las diferentes administraciones que la crisis económica no era una justificación suficiente para retirar, con carácter confiscatorio, las retribuciones económicas y los derechos consolidados del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

           A la espera de conocer la decisión final de la justicia, el sindicato CSI·F cree que la actuación de la Audiencia Nacional es un paso muy importante en la lucha de los trabajadores por recuperar su paga.

           En este sentido, CSI·F advierte que tanto el Gobierno, como las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía o Galicia (que recientemente han adoptado medidas similares) deben tomar buena nota porque van a empezar a recibir un goteo constante de resoluciones judiciales en contra de sus recortes arbitrarios e injustos.

           CSI-F y el resto de los sindicatos que forman parte de la Plataforma Sindical y de Organizaciones Profesionales de las Administraciones Públicas, han planteado reclamaciones de la paga extra en todos los niveles y sectores de la Administración. Una de las últimas fue esta misma semana, con la presentación de una demanda para reclamar la paga de los más de 50.000 trabajadores laborales que forman parte de la Administración General del Estado.

 4 de marzo de 2013.