La semana negra iniciada el 10 de mayo con el anuncio por parte del Gobierno del anuncio en el Congreso de los Diputados de uno de los mayores recortes de derechos sociales de nuestra historia reciente que conllevará el recorte salarial del 5% de media en el Sector Público y en el que el propio Gobierno, en su explicación a los sindicatos, "amagó" incluso con la venta de Correos y Renfe para rebajar déficit, se cerraba el 14 con la presentación del Anteproyecto de la nueva Ley Postal en el Consejo de Ministros. Un Anteproyecto que, además de ser un mal refrito de la anterior Ley del 98, de la Directiva Postal (en sus opciones más liberales) y de la maraña de Decretos y normas aprobadas en los últimos años al margen del diálogo social y de la negociación, y pese a su apariencia pacífica y a su redacción poco agresiva, no ofrece, en su versión inicial ni una sola garantía sino que, al contrario, enmascara una reconversión encubierta de Correos.
1. Una ley claramente liberalizadora.
El Gobierno/Fomento quiere vestir de "progresista" una Ley sin haber hecho ni un solo gesto por defender a Correos impulsando la Moratoria de la Directiva Postal, perdiendo la oportunidad y la fuerza de hacerlo desde la ostentación de la Presidencia de la UE y en un contexto de recesión económica. El Gobierno HA PASADO DE PROTEGER CORREOS, HA OPTADO POR LIBERALIZAR, Y PUNTO.
2. Una ley que reduce el servicio postal público
Recorta el Servicio Postal Universal (Servicio público, derecho de ciudadanía), quedándose en el suelo raso de la Directiva e incluso por debajo de la Ley del 98, reduciendo su extensión (menos productos) y condiciones (dando marco legal a buzones concentrados y casilleros) y abriendo la puerta a su fragmentación para que los operadores privados lo presten sólo en algunos productos o por zonas geográficas, (desgaje futuro de Correos). Esto es menos cobertura social, menos financiación y menos plantilla.
3. Una ley en la que el Estado se quita de en medio en la financiación
El Gobierno toma la opción mas liberalizadora de la Directiva, renunciando a que el SPU se financie en su coste íntegro con cargo a los PGE (opción existente en la Directiva y defendida por la Mayoría Sindical) y decide que se haga a través de COPAGOS VARIOS. Así, el SPU lo pagarán Correos y los operadores privados de mayor tamaño (un 1,5% de la cifra de negocio), los ciudadanos (con un impuesto de recargo postal) y lo que determine Economía con cargo a los PGE en función de un Plan de Prestación (inexistente hoy), que este Ministerio definirá en función, entre otros, de parámetros económicos y no sociales. LA MAYOR CUANTÍA LA PAGARÁ EL OPERADOR PÚBLICO CORREOS. ESTO SE LLAMA AUTOFINANCIACIÓN, NI UN EURO DEL ESTADO.
4. Una ley que cede servicio público a favor del mercado
El Gobierno/Fomento sigue la opción mas liberalizadora de la Directiva (cede la Red a los privados) cuando podía haber optado por que utilizasen sus propias infraestructuras con su coste para prestar servicios del SPU. Con ello, legitima la futura LEY el DECRETAZO DE ACCESO a la red postal pública por parte de los privados, que el propio Gobierno impuso en 2006 y, con ello, facilita la entrada masiva de operadores al SPU a bajo precio (1.500 euros) sin que la inmensa mayoría de ellos contribuya a su financiación.
5. Una ley que da cobertura a la inviabilidad de Correos
Correos se queda sin servicios reservados (lo rentable compensaba lo no rentable), paga la mayor parte del "milagroso" Fondo de Financiación; el Estado no va a poner un € o simbólicamente, en línea con los recortes que el Gobierno está imponiendo en todo el sector público; Correos ha visto recortada sus inversiones en casi un 50%; deberá presentar un Plan Estratégico ajustado a los criterios de un Plan de Prestación que estrangula al operador y que está sometido a revisión, ¿de quién?: efectivamente, de Economía otra vez.
Y Fomento (y sus acompañantes) nos pone el caramelo y nos piden que demos las gracias por designar a Correos prestador del SPU durante quince años, período revisable -en función del cumplimiento de un plan quinquenal-. Pero, preguntamos: sin financiación, sin inversiones, sin servicios reservados, ¿ESTO ES UN PRIVILEGIO O UNA CONDENA? Le recordamos al Gobierno/Fomento que la Directiva pone un plazo indeterminado y que si quieren copiar el modelo francés que lo hagan de verdad (miles de millones de inversión) y no con una interesada y muy mala copia.
6. Una ley que no garantiza el empleo ni los derechos
Con estos elementos se renuncia a establecer una regulación de las condiciones laborales de ámbito sectorial (Correos y operadores privados) para evitar el dumping laboral y se pone marco a una reducción masiva de plantilla para abaratar costes.
En definitiva, estamos ante una Ley que no es ajena y pone nombre, también en Correos, a la política de recortes sociales que el Gobierno nos está imponiendo. Menos servicio postal público universal, financiación en suspenso, sin proyecto alguno, con las puertas abiertas al sector privado, y con una tramitación parlamentaria complicada como pocas -por la que está cayendo- todo está servido para que Correos se preste a un proceso de "adelgazamiento" y reconversión que justifican y piden más que nunca el proceso de movilización y la huelga general del 10-J. De su seguimiento y éxito el Gobierno debe tomar nota, pues será un referente de cara a sus previsiones para nuestro futuro. AUNQUE ALGUNOS SIGAN DICIENDO QUE TODO VA BIEN Y CORREOS TAMBIÉN.
CONTRA EL APAGÓN POSTAL
CONTRA LA LEY QUE LE DA COBERTURA
EL 10-J, TODOS A LA HUELGA GENERAL
